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  • 14/10/2020

El 53% de los ciudadanos no tiene acceso a juzgados especializados en crisis familiares

 “Esta situación da lugar a disparidad de criterios. Hay juzgados de Primera Instancia y juzgados Mixtos que desoyen al Supremo y se resisten a conceder la custodia compartida”, explica la presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano.

“Hay juzgados que tardan hasta 9 meses en señalar la vista de medidas provisionales para que un padre o una madre vea a sus hijos o pague la pensión de alimentos, a lo que se añade el tiempo para la resolución judicial”, advierte la presidenta de AEAFA
 

14 de octubre 2020.- España solo dispone de 124 juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos de Familia repartidos entre 56 partidos judiciales, lo que deja a más de la mitad de la población del país, el 53% de los residentes, sin acceso a este tipo de un servicio público cualificado para resolver cuestiones tan delicadas como el divorcio, la custodia de los hijos, la herencia o la tutela y protección de personas discapacitadas.

La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ha elaborado un informe a partir de las estadísticas recientes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la planta judicial en España. Durante 2019 solo se ha creado un juzgado más de Primera Instancia propio de Familia, concretamente en Lleida. Mientras tanto, el número de secciones de audiencias provinciales de Derecho de Familia seguía igual: 18 repartidas entre 16 provincias. Por tanto, en 32 provincias sus ciudadanos no tienen derecho a que sus crisis familiares sean revisadas por un tribunal especializado.

“Esta situación provoca un agravio territorial, respuestas jurisdiccionales dispares, inseguridad jurídica y demoras en la tramitación de los procesos, que en muchas ocasiones potencian las situaciones de violencia de género y filioparental”, afirma la presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano.

 

Custodia compartida, según dónde

“Por ejemplo, en el caso de la custodia compartida de los hijos, hay juzgados de Primera Instancia y juzgados Mixtos (atienden asuntos penales y civiles) que desoyen la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo y se muestran más reacios a su concesión”, explica la presidenta de AEAFA.

En cuanto a los retrasos en el sistema judicial, la situación también empeora cuando las crisis familiares recaen en estos juzgados generalistas. “Los asuntos civiles en los juzgados mixtos están supeditados a la agenda penal. Así, ante la entrada de una causa con preso, la civil pasa a segundo plano, se suspende y se pospone la fecha del juicio de familia”, especifica Lozano.

“Nueve meses, e incluso más, para resolver las medidas provisionales”

“El atasco del sistema judicial provoca que, por ejemplo, las demandas de medidas provisionales para regular la situación de la familia puedan demorarse hasta nueve meses y, en algunas localidades, todavía más.  Esto es muy grave cuando en un conflicto de divorcio la madre o el padre se niega a que los hijos tengan relación o pasen tiempo con el otro progenitor; o cuando uno de ellos se niega a pagar la pensión de alimentos hasta que un juez lo determine. También puede suceder que los dos miembros de la pareja se resistan a abandonar la vivienda por temor a que su marcha influya en la decisión posterior de los tribunales. Esta convivencia forzada potencia las situaciones de violencia de género y filioparental”, afirma María Dolores Lozano.

En España, solo los residentes en grandes núcleos de población pueden acceder a juzgados con jueces, fiscales y equipos técnicos especializados. Fuera de este servicio público se quedan los ciudadanos de ciudades como Cádiz, Ibiza, Menorca, Ávila, Toledo, Manresa, Segovia, Cáceres, Lugo y miles de localidades más.

 

Audiencias Provinciales

Por su parte, la situación en las audiencias provinciales no ha mejorado en España puesto que no se han creado más secciones especializadas en Familia. En total, existen 18 repartidas entre 16 audiencias provinciales, las mismas que en 2018, y que atienden al 61% de la ciudadanía. Por tanto, más de 18,5 millones de españoles se quedan sin que sus recursos de apelación sea atendido por audiencias provinciales especializadas en Derecho de Familia. Esta situación se produce en todo el territorio de comunidades autónomas como Extremadura, Castilla La Mancha, Murcia, Navarra o La Rioja.