ANTECEDENTES.- Se dicta un Auto en procedimiento de JV. al amparo del 158 CC., contra el padre, con un resultado muy restrictivo de su comunicación con los hijos menores, que luego fue revocado por la AP.. El padre fue absuelto de VIOGEN.

El padre lo fundamenta en que se tomaron medidas, incluso no solicitadas, en autos de JV; en la pérdida de un documento; en una errónea valoración de informes; y en el mucho tiempo que esa situación afectó al padre.

DEL ERROR JUDICIAL

1.- CONCEPTO.- que se haya dictado una decisión que manifiestamente carezca de justificación.

2.- TIPIFICACION.- Se reconoce en el artículo 121 CE, se ampara en los 292 y ss LOPJ, y ha de tener la gravedad que implícitamente exige el artículo 292.3 LOPJ .

3.- REQUISITOS PROCESALES.-

A.- REQUISITO DEL PLAZO, de caducidad, son tres meses desde puede ejercitarse (art. 293.1.a) LOPJ).- no se ha cumplido tomando como referencia la revocación en apelación del Auto. No obstante, se entra al examen del recurso por el tiempo desde que se proveyó a la solicitud de abogado de oficio.

B.- REQUISITO DE AGOTAMIENTOS DE RECURSOS.- Incidente de nulidad de actuaciones.-

La necesidad de agotar todas las vías procesales es una exigencia unánime de la jurisprudencia (se cita), porque "aunque no sea propiamente un recurso, es un mecanismo de singular idoneidad que no cabe omitir, aunque dentro de su ámbito o alcance, en la previsión del art. 293.1.f) LOPJ. Es elemental que antes de obtener una indemnización con cargo al erario público, el litigante pida que sea el propio órgano jurisdiccional decisor que rectifique su error y así evitar el perjuicio a costa del litigante contrario.

SUPUESTO DE NO VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES.- Como es el caso ( art. 241 LOPJ), no promover el correspondiente incidente de nulidad de actuaciones no conforma ningún valladar formal impeditivo para el examen de la presente demanda.

4.- REQUISITOS SUSTANTIVOS.-

1. * que resuelva de modo ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico, constituyendo un error craso o patente.
2. * o que se dicte al margen de los hechos del pleito.
3. * que aplique normas derogadas, inexistentes o interpretadas fuera de toda lógica o razón.
4. * que alcance conclusiones fácticas o jurídicas irracionales o ilógicas, generadoras de una resolución esperpéntica, que rompa por absurda la armonía jurídica.
5. * o, en definitiva, que la resolución se pueda calificar de arbitraria porque suponga un error craso, evidente e injustificado.

5.- LO QUE TIENE Y NO TIENE POR OBJETO.-

1. * debe circunscribirse a las decisiones de hecho o de Derecho que carecen manifiestamente de justificación
2. * no permite revisar el procedimiento ni reproducir el debate propio de la instancia, y ha de respetar la cosa juzgada.
3. * ni permite discutir el acierto o desacierto del tribunal de instancia en la interpretación de las normas aplicadas o en la valoración de la prueba.
4. * no persigue la revocación, a modo de recurso, de la resolución dictada; ya que una revocación no presupone derecho a indemnización (art. 292.3 LOPJ).

DESESTIMACION.- El art. 158 CC es una norma que se abre camino a petición de parte o de oficio por las vías civil, penal y de JV.. ( art. 87 a) de su ley reguladora 15/2015, de 2 de julio).

No existe arbitrariedad; la supuesta pérdida de un documento no encaja; el juez está habilitado para acordar las medidas de protección adoptadas y cuestionadas como error judicial. Y la tardanza en la resolución del recurso de apelación tampoco habilita la obtención de una declaración de error que, en cualquier caso, no sería achacable al auto dictado que se pronunció con prontitud.

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ROJ: STS 4330/2020 - ECLI:ES:TS:2020:4330

· Nº de Resolución: 688/2020

· Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil

· Municipio: Madrid

· Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG

· Nº Recurso: 23/2018

· Fecha: 21/12/2020

· Tipo Resolución: Sentencia

RESUMEN: ERROR JUDICIAL. REQUISITOS. MEDIDAS ADOPTADAS EN AUTO DE PROTECCIÓN DE MENORES REVOCADO POR LA AUDIENCIA. DESESTIMACIÓN DE LA DEMANDA.

Roj: STS 4330/2020 - ECLI: ES:TS:2020:4330

Id Cendoj: 28079110012020100651

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil

Sede: Madrid

Sección: 1

Fecha: 21/12/2020

N° de Recurso: 23/2018

N° de Resolución: 688/2020

Procedimiento: Error judicial

Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG

Tipo de Resolución: Sentencia

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 688/2020

Fecha de sentencia: 21/12/2020

Tipo de procedimiento: ERROR JUDICIAL

Número del procedimiento: 23/2018

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 15/12/2020

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg

Procedencia: AUD. PROVINCIAL DE SEGOVIA, SECCIÓN 1.ª

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo

Transcrito por: EAL

Nota:

ERROR JUDICIAL núm.: 23/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 688/2020

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Francisco Marín Castán, presidente

D.ª M.ª Ángeles Parra Lucán

D. José Luis Seoane Spiegelberg

En Madrid, a 21 de diciembre de 2020.

Esta sala ha visto la demanda de declaración de error judicial, instada por D. Higinio , representado por el procurador D. Rafael Ángel Palma Crespo, bajo la dirección letrada de D. Ángel David Burgos Fuertes, contra el auto de 19 de diciembre de 2016, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.° 4 de Segovia, en los autos de

jurisdicción voluntaria n.° 482/2016. Ha sido parte demandada D.ª Estrella , representada por la procuradora D.ª Aránzazu Fernández Pérez y bajo la dirección letrada de D.ª Carmen Zubiaga Bravo.

Han sido parte el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El procurador D. Rafael Ángel Palma Crespo, en representación de D. Higinio , presentó demanda de error judicial, contra el auto de 19 de diciembre de 2016, dictado por el Juzgado de Primera Instancia n.° 4 de Segovia, en la que solicitaba se dictara sentencia:

"[...] declarando el error judicial del reseñado órgano judicial, y todo ello con expresa condena en costas del presente procedimiento a quien se opusiere".

SEGUNDO.- Recibida la demanda de error judicial, se dictó auto de fecha de 7 de mayo de 2019, cuya parte dispositiva es como sigue:

"1°. Se admite la demanda de error judicial presentada por la representación procesal de D. Higinio , que se sustanciará conforme los trámites del recurso de revisión.

2.° Reclámese del Juzgado de Primera Instancia n.° 4 de Segovia las actuaciones de los autos de jurisdicción voluntaria n.° 482/2016 y, así mismo, recábese y remítase a esta Sala el informe a que se refiere el artículo 293.1.d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

3.° Remítase exhorto al Juzgado de Primera Instancia n.° 4 de Segovia a fin de que, con entrega de la oportuna cédula y copias de la demanda y documentos acompañados a la misma, proceda a poner en conocimiento de las partes en el proceso del que dimana el presente, o de sus causahabientes en su caso, la solicitud de error judicial, por si les interesase intervenir, justificando interés al respecto, a cuyo fin se les concede el plazo de veinte días, durante el cual podrán contestar a la demanda debidamente asistidos de abogado y representados por Procurador.

4.° Una vez obre en esta Sala el testimonio de las actuaciones, emplácese en legal forma al Ministerio Fiscal y al Abogado del Estado, para que dentro del plazo de veinte días contesten a la demanda, sosteniendo lo que convenga a su derecho".

TERCERO.- Recibidas las actuaciones, y dado traslado al Abogado del Estado y al Ministerio Fiscal, ambos solicitaron la desestimación de la demanda de error judicial por las razones obrantes en sus respectivos informes.

CUARTO.- La procuradora D.ª Aranzau Ferández Peréz, en representación de D.ª Estrella , se personó en el procedimiento y contestó la demanda, suplicando al juzgado:

"[...] dicte sentencia desestimando la demanda interpuesta por Don Higinio , todo ello con expresa condena en costas".

QUINTO.- Por providencia de 20 de noviembre de 2020 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó señalar para la vista el día 15 de diciembre del presente, fecha en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Antecedentes relevantes.

A los efectos decisorios de la presente demanda hemos de partir de los siguientes antecedentes.

1.- Objeto del proceso de error judicial

Por la parte actora se formula demanda de reconocimiento de error judicial, al amparo de lo normado en los arts. 292 y siguientes de la LOPJ, con respecto al auto de 19 de diciembre de 2016, dictado por el Juzgado de Primera Instancia n.° 4 de Segovia, en el procedimiento de jurisdicción voluntaria 482/2016, en el que se acordaron, al amparo de lo establecido en el art. 158 del CC, medidas urgentes de protección con respecto a los hijos menores del demandante, instadas por la madre y en las que intervino el Ministerio Fiscal.

En dicha resolución, se fijó un régimen restrictivo de visitas del padre con respecto a sus hijos a desarrollar en un punto de encuentro, concretamente, una vez a la semana, durante dos horas, y, a partir del 14 y 15 de enero de 2017, entre semana dos horas y fines de semana alternos, sábado y domingo, dos horas mañana y dos horas tarde, en el referido punto de encuentro. Interpuesto recurso de apelación dicha resolución fue revocada por auto dictado por la Audiencia Provincial de Segovia con fecha 28 de marzo de 2018.

Por otra parte, con fecha 4 de diciembre de 2017, se dictó sentencia, en el proceso de divorcio seguido entre los padres de los menores que, con el número 263/2016, se tramitó en el referido juzgado, en el que se fijó un régimen de visitas más amplio entre padre e hijos, de carácter progresivo. De esta forma, durante el primer año, el padre podría comunicarse con sus hijos los fines de semana alternos, sin pernocta, desde las 12 hasta las 20 horas, sábado y domingo, con recogida y reintegro en el punto de encuentro; y pasado el primer año, con informes favorables del especialista al que acuden los niños, se ampliará a fines de semana alternos, con pernocta, desde la salida del colegio los viernes hasta el domingo a las 20 horas, en que serán reintegrados en el punto de encuentro.

El recurso de apelación interpuesto contra dicha resolución fue desestimado por la Audiencia Provincial de Segovia, mediante sentencia 297/2018, de 11 de diciembre, que rechazó la pretensión de custodia compartida solicitada por el padre, con fundamento en los informes periciales practicados, ratificando igualmente el régimen de visitas fijado por el Juzgado, así como la pensión de alimentos a favor de los hijos a cargo del padre.

Contra dicha sentencia se interpuso recurso casación, que no fue admitido a trámite por auto de esta Sala 1.ª de 10 de julio de 2019, dictado en el recurso 533/2019.

El actor igualmente fue absuelto, en un proceso penal que se le siguió por violencia de género, en virtud de sentencia de 8 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Penal n.° 1 de Segovia.

2.- De los alegados errores judiciales en los que se fundamenta la demanda

Interpuesta demanda por error judicial con respecto al auto del Juzgado de Primera Instancia n.° 4 de Segovia de 19 de diciembre de 2016, la misma se fundamentó en cuatro motivos.

(i) El primero de ellos, de tipo procesal, por haberse tramitado las medidas paterno-filiales solicitadas por los cauces del procedimiento de jurisdicción voluntaria. Igualmente se achaca a dicha resolución haber incurrido en incongruencia por adoptar medidas no solicitadas.

(ii) Por la supuesta desaparición en los autos del documento 20 de la contestación, relativo a informe sobre la salud mental del demandante.

(iii) En tercer lugar, por la errónea valoración de los tres informes practicados: el psicosocial de junio de 2016; el informe del CEAS y el del colegio de los menores.

(iv) Por último, por haber mantenido el régimen restrictivo de visitas del actor, durante un dilatado periodo de tiempo, pese a su carácter provisional, al menos hasta que se dictó la sentencia de divorcio.

Tanto el Abogado del Estado, como el Ministerio Fiscal, solicitaron la desestimación de la demanda de error judicial formulada.

SEGUNDO.- Análisis de la demanda de error judicial, doctrina jurisprudencial aplicable

Señalar, en primer término, que no vemos óbice alguno para negar la intervención procesal de la letrada de la madre de los menores, dado que consta fue designada libremente por ésta y asumió la representación jurídica de la misma.

Descartado tal argumento, a los efectos decisorios de la presente demanda, hemos de partir de las consideraciones siguientes fruto de una consolidada jurisprudencia, en función de las cuales hemos de resolver la petición de error judicial cuya declaración se postula.

1.- Interposición de la demanda de error judicial dentro de plazo

Es doctrina constante de esta sala (sentencias 851/2003, de 16 de septiembre; 559/2009, de 16 de julio; 864/2010, de 16 de diciembre; 358/2015, de 30 de junio; 14/2020, de 26 de noviembre, entre otras) que el plazo previsto en el art. 293.1.a) LOPJ es de caducidad. Se trata de un plazo breve (tres meses desde el día en que pudo ejercitarse la acción) y perfectamente definible, por lo que debe ser objeto de aplicación estricta, pues no puede dejarse al arbitrio del demandante fijar el día inicial de tal plazo.

Pues bien, como destaca el Ministerio Fiscal, computando el plazo de tres meses para la interposición de la demanda ( art. 293.1 a) de la LOPJ), desde la notificación del auto de 28 de marzo de 2018 de la Audiencia Provincial de Segovia, resolutorio del recurso de apelación contra el dictado con fecha 19 de diciembre de 2016, por el Juzgado de Primera Instancia n.° 4 de dicha población, que la propia parte actora señala le fue notificado el 18 de abril siguiente, comoquiera que la demanda fue interpuesta en octubre de 2018, en principio, el referido plazo habría transcurrido.

No obstante, obra en autos una petición de designación de abogado de oficio datada el 26 de junio de 2018, en la que se solicita la suspensión del plazo para formular la presente demanda en tanto en cuanto no se resolviera dicha petición y se proveyera al demandante de letrado, sin que conste resolución recaída al respecto. En cualquier caso, a los efectos de evitar cualquier indefensión a la parte demandante entraremos en el análisis del error judicial alegado.

2.- Sobre la necesidad de interposición del incidente de nulidad de actuaciones

Sobre tal cuestión nos pronunciamos en la reciente sentencia 120/2019, de 26 de febrero, cuya doctrina se recoge en el auto de 11 de junio de 2020, en error judicial 19/2019, conforme a la cual:

"Sobre este requisito es doctrina reiterada de esta sala (autos, entre los más recientes, de 8 de junio de 2016, error judicial 22/2015, y 23 de septiembre de 2015, error judicial 12/2015, y sentencias 11/2016, de 11 de febrero y 281/2016, de 29 de abril ) la siguiente:

"[...]De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta sala sobre el error judicial a que se refiere el art. 293 LOPJ contenida, entre otras, en las sentencias de 9 de julio de 2013 ( error judicial n° 13/2011), 12 de febrero de 2014 ( error judicial n° 33/2001) y 2 de abril de 2014 ( error judicial 17/2011), para que pueda prosperar el error judicial, dado su carácter extraordinario, es preciso que se hayan agotado todas la vías procesales y opere la santidad de la cosa juzgada ( ATS de 10 de diciembre de 1998, recogido por el ATS de 22 de octubre de 2008). Igualmente es doctrina de esta Sala que el incidente de nulidad de actuaciones "aunque no sea propiamente un recurso, es un mecanismo de singular idoneidad que no cabe omitir, aunque dentro de su ámbito o alcance, en la previsión del art. 293.1.f) LOPJ. Y aunque la relevancia del medio de impugnación se manifiesta especialmente como mecanismo de agotamiento de la vía judicial previa en relación con la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo (por todas, STC 32/2010, del 8 de julio), ello no obsta a su singular idoneidad en otras perspectivas, siempre en orden a restablecer eventuales vulneraciones de derechos fundamentales (por todas, STC 43/2010, de 26 de julio), y a su carácter de exigencia previa inexcusable antes de acudir a vías de reparación excepcional de derechos, entre ellos la que aquí se enjuicia de error judicial" ( Sentencia 650/2010, de 27 de octubre). Como recuerda la Sentencia n° 830/2013, de 14 de enero de 2014, "esta exigencia se explica por la necesidad de agotar todos los medios que permiten que se dicte una sentencia ajustada a derecho antes de acudir a un remedio excepcional y subsidiario como es el de la declaración de error judicial, que no permite que el justiciable obtenga la sentencia correcta y vea satisfecho su derecho con cargo a quien debe serlo, la parte contraria en el litigio, sino que constituye un requisito para que dicho justiciable reclame una indemnización con cargo a las arcas públicas [...].

"En concreto, la sentencia 11/2016, de 1 de febrero , declaró, sobre la inclusión del incidente de nulidad de actuaciones entre las vías procesales o recursos que el demandante de error debe agotar, que "entre dichos recursos debe entenderse comprendido el incidente excepcional de nulidad de actuaciones, "pues aunque este incidente no sea propiamente un recurso sí constituye un medio exigible antes de acudir a vías de reparación excepcional de derechos, como es la declaración de error judicial , que no permite que el justiciable obtenga una sentencia correcta y vea satisfecho su derecho con cargo a la parte contraria, sino que desemboca en una indemnización con cargo al erario público ( SSTS 14 de enero de 2014, EJ 32/2011, y 12 de febrero de 2014, EJ 33/2011). Además, esta doctrina es también la de la Sala especial del art. 61 LOPJ ( SSTS 23 de abril de 2015, EJ 15/2013, y 23 de septiembre de 2013, EJ 32/2008, y ATS 19 de junio de 2015, EJ 1/2014) y debe entenderse justificada en atención a que el error patente vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el incidente de nulidad tiene precisamente su razón de ser en remediar la vulneración de los derechos fundamentales referidos en el art. 53.2 de la Constitución ( arts. 228.1 LEC y 241.1 LOPJ). A esto se une la elemental consideración, de lógica jurídica, de que antes de obtener una indemnización con cargo al erario público, o lo que es lo mismo a cargo de todos los ciudadanos, el litigante que se crea perjudicado por la decisión judicial del proceso de origen deba pedir que sea el propio órgano jurisdiccional decisor el que rectifique su error para, así, agotar las posibilidades de evitar el perjuicio a costa del litigante contrario"".

Pues bien, en este caso el error judicial denunciado no se fundamenta en la lesión de algún derecho fundamental ( art. 241 LOPJ), por lo que no promover el correspondiente incidente de nulidad de actuaciones no conforma ningún valladar formal impeditivo para el examen de la presente demanda.

3.- La conceptuación del error judicial en la jurisprudencia

Constituye una reiteradísima jurisprudencia la que sostiene, sin fisuras, que la declaración de un error judicial requiere que se haya dictado una decisión que manifiestamente carezca de justificación ( sentencias 654/2013, de 24 de octubre; 647/2015, de 19 de noviembre; 21/2017, de 17 de enero; 268/2017, de 4 de mayo o, más recientemente, 237/2020, de 2 de junio y 433/2020, de 15 de julio, entre otras).

En el sentido expuesto, son constantes los pronunciamientos de esta Sala que exigen que la resolución judicial dictada, a los efectos de su calificación de errónea, sea ostensiblemente contraria al ordenamiento jurídico, constituyendo un error craso o patente; o que se dicte al margen de los hechos del pleito, aplique normas derogadas, inexistentes o interpretadas fuera de toda lógica o razón; alcance conclusiones fácticas o jurídicas irracionales o ilógicas, generadoras de una resolución esperpéntica, que rompa por absurda la armonía jurídica; o, en definitiva, que se la pueda calificar de arbitraria. Manifestación de tal doctrina la encontramos en las sentencias de 7 de febrero y 12 de junio de 2000, 17 de abril y 19 de noviembre de 2002, 25 junio y 7 de julio 2003, 25 de enero de 2006 y 7 de diciembre de 2007 entre otras muchas.

Por su parte, la Sala especial del artículo 61 LOPJ, en consonancia con la jurisprudencia citada, al determinar los límites del error judicial se pronuncia del siguiente modo ( sentencias de 5 de febrero de 2013 y 14 de mayo de 2012): "[...] sólo un error craso, evidente e injustificado puede dar lugar a la declaración de error judicial [...] se trata de obtener el resarcimiento de unos daños ocasionados por una resolución judicial viciada por una evidente desatención del juzgador a datos de carácter indiscutible, que provocan una resolución absurda que rompe la armonía del orden jurídico".

Asimismo, el error judicial, fuente del derecho a obtener una indemnización que reconoce a los perjudicados el artículo 121 CE, ha de tener la gravedad que implícitamente exige el artículo 292.3 LOPJ y que la jurisprudencia reclama, en consonancia con el carácter extraordinario de una institución mediante la que se ordena el resarcimiento por el Estado de los daños causados por una sentencia dictada en el ejercicio de la función jurisdiccional con fuerza de cosa juzgada ( sentencias 29/2020, de 20 de enero; 433/2020, de 15 de julio y 566/2020, de 28 de octubre, entre otras).

4.- El procedimiento de error judicial no permite reproducir de nuevo el específico debate propio de la instancia

En efecto, constituye igualmente una consolidada jurisprudencia la que sostiene que el procedimiento de error judicial no permite reproducir el debate propio de la instancia ( sentencias 4 de abril de 2006, EJ n.° 1/2004 y 7 de mayo de 2007, EJ 10/2005; 498/2019, de 27 de septiembre; 683/2019 y 684/2019, ambas de 17 de diciembre), y, por lo tanto, instar una revisión total del procedimiento de instancia ( sentencia de 31 de febrero de 2006, EJ 11/2005), ni discutir sobre el acierto o desacierto del tribunal de instancia en la interpretación de las normas aplicadas o en la valoración de la prueba ( sentencias de 25 de enero de 2006, EJ 32/2004; 27 de marzo de 2006, EJ 13/2005; 22 de diciembre de 2006, EJ 16/2005; 7 de julio de 2010, EJ 7/2008; 2 de marzo de 2011, EJ n.° 17/2009; 11/2016, de 1 de febrero y 237/2020, de 2 de junio.

De esta forma, se expresa la sentencia 566/2020, de 28 de octubre, cuando señala que:

"Por ello, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, el error judicial debe circunscribirse a las decisiones de hecho o de Derecho que carecen manifiestamente de justificación ( SSTS de 26 de noviembre de 1996 y 8 de mayo de 2006), pues admitir otros supuestos de error implicaría utilizar el trámite para reproducir el debate sobre las pretensiones planteadas cual si se tratara de una nueva instancia o de un recurso en detrimento de la fuerza de cosa juzgada de las decisiones judiciales y de la independencia reconocida a los tribunales".

5.- El error judicial no se identifica con la revocación de la resolución dictada por un tribunal superior

La circunstancia de que una resolución judicial sea revocada por otra dictada por un tribunal superior, al conocer de un recurso devolutivo, no significa que constituya un error judicial en los términos antes explicitados. Se podrá compartir o no una motivación, pero ello no implica que sea arbitraria la decisión revisada y dejada sin efecto, sino que se trata de una normal consecuencia derivada del sistema propio de recursos establecidos en nuestras leyes procesales, que posibilitan una nueva y antagónica consideración de la cuestión jurídica controvertida.

Así resulta de lo normado en el art. 292.3 LOPJ, cuando establece que la "mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a indemnización".

TERCERO.- Desestimación de la pretensión de declaración de error judicial

En este caso, el auto del juzgado de primera instancia de 19 de diciembre de 2016 se encuentra motivado. Se dicta en un procedimiento que es procesalmente adecuado y con la correspondiente base normativa en el art. 158. 6° del CC, que permite adoptar medidas de protección de menores, de oficio o a instancia de parte, por lo que no podría ser tildada una resolución de tal clase de incongruente. Se respetó el derecho de defensa y se acordaron las medidas que se estimaron pertinentes con contradicción, siguiendo las peticiones del Ministerio Fiscal. Según el último párrafo del precitado art. 158, dichas medidas se pueden acordar dentro de un proceso penal, civil, así como en expediente de jurisdicción voluntaria como el seguido, que contempla expresamente tal posibilidad en el art. 87 a) de su ley reguladora 15/2015, de 2 de julio.

La decisión cuestionada valora las pruebas practicadas y no se pronuncia de forma arbitraria como expresión de un mero voluntarismo judicial. Las medidas solicitadas se resuelven con prontitud inspiradas en el principio favor filii. No se ha juzgado en vacío con anemia probatoria o al margen del ordenamiento jurídico, por lo que no nos encontramos ante una resolución sin base fáctica o normativa, sino que, por el contrario, se halla fundada en una valoración explicitada de las pruebas practicadas y con apoyo legal en el art. 158 del CC, que habilita expresamente al juez para acordar las medidas de protección adoptadas y cuestionadas como constitutivas de error judicial. El procedimiento que nos ocupa no es una nueva instancia, que permita a este tribunal resolver la cuestión de fondo controvertida como si de un recurso devolutivo se tratara.

El alegado supuesto extravío de un documento número 20 de la contestación no es causa de error judicial; por otra parte, tampoco la Audiencia puede concluir que se hubiera incorporado a las actuaciones. La tardanza en la resolución del recurso de apelación tampoco habilita la obtención de una declaración de error que, en cualquier caso, no sería achacable al auto dictado por el Juzgado, que se pronunció con prontitud a la petición de medidas formulada. La revisión de las medidas acordadas fue solicitada por el demandante por escrito datado el 17 de mayo de 2017, pretensión rechazada por providencia de 29 de mayo de 2017, que no consta fuera objeto de recurso ni constituye el objeto de este procedimiento de error judicial.

La resolución tildada de errónea tampoco es una decisión judicial que produzca efectos de cosa juzgada, sino que precisamente fue revisada por un tribunal superior, funcionalmente competente, que la revocó, señalando, sin embargo, que se había dado una respuesta a una situación ciertamente urgente sobre medidas tuitivas relativas a los menores, que igualmente se adoptaron, aunque de forma menos restrictiva, en la sentencia de divorcio confirmada por la Audiencia.

El hecho de que el auto dictado fuera revocado no implica, como hemos visto, que merezca la calificación jurídica de error judicial, so pena de vulnerar la jurisprudencia citada y convertir toda decisión judicial revocada en fuente de declaración de un error de tal naturaleza, lo que sería un manifiesto dislate absolutamente inasumible y contrario además a lo expresamente dispuesto en el art. 292.3 LOPJ.

En virtud de las consideraciones expuestas no procede la estimación de la petición de error judicial solicitada por ausencia de los presupuestos condicionantes de su declaración por parte de esta Sala.

CUARTO.- Costas

Procede la imposición de las costas causadas a la parte actora, de conformidad con lo establecido en el artículo 293.1, e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que así lo dispone con carácter preceptivo.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

:

Desestimar la demanda de declaración de error judicial, formulada por la representación procesal de don Higinio , respecto del auto de fecha 19 de diciembre de 2016, dictado por el Juzgado de Primera Instancia n.° 4 de Segovia, en el procedimiento de jurisdicción voluntaria n.° 482/2016, y condenamos a la parte demandante al pago de las costas causadas.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.