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  • 22/02/2021
  • SENTENCIAS
  • Autor: TRIBUNALES
  • Sección: RÉGIMEN ECONÓMICO
  • Categoría: Separación de bienes
SEPARACION DE BIENES; DEUDAS UNILATERALES; CARGA DE LA PRUEBA; INFRACCION PROCESAL REGLA CARGA DE LA PRUEBA

Marco normativo. Responsabilidad por deudas en el régimen de separación de bienes. Deudas contraídas en el ejercicio de la potestad doméstica. La regla general en el régimen económico matrimonial de separación de bienes es que las obligaciones contraídas por cada cónyuge son de su exclusiva responsabilidad, tal y como establece el art. 1440.I CC. Sin embargo, y de manera excepcional, cuando uno de los cónyuges actúe en el ejercicio de la potestad doméstica y contraiga obligaciones para atender las necesidades ordinarias de la familia, el otro responderá de manera subsidiaria de su cumplimiento en virtud de la remisión del art. 1440.II CC al art. 1319.II CC.

CARGA DE LA PRUEBA DE LA RESPONSABILIDAD DEL TERCERO EN EL REGIMEN DE SEPARACION DE BIENES

En régimen de separación de bienes, el esposo contrata unilateralmente un préstamo.
Se plantea, la responsabilidad de la esposa, porque en un momento ulterior reconoció la existencia de dicha deuda, que no la deuda.


RECURSO POR INFRACCION PROCESAL: REGLA DE LA CARGA DE LA PRUEBA.-
 

La Audiencia, que hace responsable también a la esposa no firmante, basa su decisión en la facilidad de la prueba del destino del dinero que el esposo recibió del actor, ya que podría haber probado que no era en beneficio de la familia.
O sea, se estima el recurso de infracción procesal porque la instancia invierte la carga de la prueba, al imponer a la esposa que pruebe la excepción de que el dinero no fue para financiar necesidades familiares.
Cuando se aprecia tal infracción se debe dictar nueva sentencia (regla 7.ª del apartado 1 de la DF 16 LEC).

CASACION: RESPONSABILIDAD DEUDA CONTRAÍDA UNILATERALMENTE EN SEPARACIÓN DE BIENES.- 
 

A) CC 1440.01.- Contiene la regla general en los casos de contratación unilateral: responde el contratante.

CARGA DE LA PRUEBA EN ESTE SUPUESTO.-
Cuando del propio negocio no hay razón que haga deducir que se contrajo en beneficio de la familia, es quien trata de extender la responsabilidad al no contratante quien ha de probar el destino familiar de lo obtenido.

Y este es el caso porque.-
- no se ha probado el destino familiar.
- el actor desconoce el destino de lo prestado.
- el esposo tenía relaciones comerciales con el acreedor.
- esas relaciones eran de hace tiempo.
- fue el esposo quien reconoció la deuda, nunca la esposa.
- no ha existido asunción por la deuda por la esposa, solo aceptó que sabía de la existencia de la deuda.
- las capitulaciones se otorgaron varios años antes del nacimiento de la deuda contraída por el marido.

B) CC 1440.2 y 1319.2.- Es la excepción: responde subsidiariamente el no contratante, si la obligación se contrajo en ejercicio de la potestad doméstica y en beneficio de las necesidades ordinarias de la familia.
 

CARGA DE LA PRUEBA EN ESTE SUPUESTO.-
- si del propio negocio, por razón del destino del gasto, se deduce que la deuda se contrajo en beneficio de la familia, será quien se oponga a la reclamación el que habrá de cargar con la prueba de que el tercero no responde.

VULNERACION DE LA REGLA.- Sucede porque la sala de instancia requiere que, en el primero de los supuestos sea el tercero -la esposa- quien prueba que el destino del préstamo no fue en beneficio familiar, pero en tal caso es quien reclama la responsabilidad de ese tercero el que debe probar que el destino del préstamo era familiar.

Por otro lado, en sede interpretativa, la sala considera que la firma de un documento complementario, de mero aviso o conocimiento, no puede valorarse como un documento de reconocimiento de deuda o de asunción de un préstamo.



Roj: STS 293/2021 - ECLI: ES:TS:2021:293
Id Cendoj: 28079110012021100044
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Fecha: 04/02/2021
N° de Recurso: 4932/2017
N° de Resolución: 51/2021
Procedimiento: Recurso de casación
Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
Tipo de Resolución: Sentencia
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Sentencia núm. 51/2021
Fecha de sentencia: 04/02/2021
Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL
Número del procedimiento: 4932/2017
Fallo/Acuerdo:
Fecha de Votación y Fallo: 27/01/2021
Ponente: Excma. Sra. D.ª M.ª Ángeles Parra Lucán
Procedencia: AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE. SECCIÓN 9.ª
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García
Transcrito por: LEL
Nota:
CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 4932/2017
Ponente: Excma. Sra. D.ª M.ª Ángeles Parra Lucán
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Sentencia núm. 51/2021
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. Francisco Marín Castán, presidente
D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
D.ª M.ª Ángeles Parra Lucán
D. José Luis Seoane Spiegelberg
En Madrid, a 4 de febrero de 2021.
Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuesto por D.ª Sonsoles , representada por la procuradora D.ª María Jesús Ruiz Esteban y bajo la dirección letrada de D. Rafael Murcia Martínez, contra la sentencia n.° 337/2017, de 19 de septiembre, dictada por la Sección 9.ª
de la Audiencia Provincial de Alicante en el recurso de apelación n.° 188/2017, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario n.° 2803/2013 del Juzgado de Primera Instancia n.° 4 de Elche, sobre reclamación de cantidad. Ha sido parte recurrida D. Higinio , representado por el procurador D. Pascual Moxica Pruneda y bajo la dirección letrada de D.ª Clara E. Martín Álvarez.
Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª M.ª Ángeles Parra Lucán.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Tramitación en primera instancia
1.- D. Higinio interpuso demanda de juicio ordinario contra D. José y D.ª Sonsoles , dimanante del procedimiento monitorio n.° 1524/2013, en la que solicitaba se dictara sentencia:
"en la que se condene de manera solidaria a D. José , con D.N.I. NUM000 , y a D.ª Sonsoles con D.N.I. n.° NUM001 , ambos con domicilio en Elche, CALLE000 , Polígono NUM002 , n.° NUM003 , a pagar a mi mandante solidariamente, la cantidad de SETENTA MIL SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS de principal (70.061,96 euros), más los intereses correspondientes desde la fecha de interposición de la demanda, así como aquellos previstos en el art. 576 LEC, y todo ello con expresa imposición de costas a los demandados, las cuales se estiman prudencialmente en la cantidad de VEINTITRES MIL TRESCIENTOS EUROS (23.300 Euros), y ello sin perjuicio de ulterior liquidación".
2.- La demanda fue presentada el 5 de diciembre de 2013 y, repartida al Juzgado de Primera Instancia n.° 4 de Elche, fue registrada con el n.° 2803/2013. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de las partes demandadas.
3.- D. José y D.ª Sonsoles contestaron a la demanda, a través de sus respectivas representaciones procesales, mediante escritos en los que solicitaban la desestimación íntegra de la demanda con expresa imposición de costas a la parte actora.
4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, la Magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia n.° 4 de Elche dictó sentencia de fecha 31 de octubre de 2016, con el siguiente fallo:
"1.-Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Moxica Pruneda, en nombre y representación de D. Higinio , contra D. José condeno al demandado a pagar a la parte actora la suma de SETENTA MIL SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EUROS (70.061,96 EUROS), más los intereses legales de dicha cantidad desde la interposición de la petición de proceso monitorio y las costas del proceso.
"2.- Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Moxica Pruneda, en nombre y representación de D. Higinio contra Dª Sonsoles , que queda absuelta de la pretensión dirigida contra ella, con imposición de las costas a la parte actora".
SEGUNDO.- Tramitación en segunda instancia
1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por las representaciones respectivas de D. Higinio y D. José .
2.- La resolución de estos recursos correspondió a la Sección 9.ª de la Audiencia Provincial de Alicante, que los tramitó con el número de rollo 188/2017 y, tras seguir los correspondientes trámites, dictó sentencia en fecha 19 de septiembre de 2017, con el siguiente fallo:
"Que con estimación del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Higinio , y desestimación del interpuesto de contrario por la representación procesal de D. José , contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Elche, de fecha 31 de octubre de 2016, revocamos la misma y, en su lugar, estimamos la demanda interpuesta por D. Higinio , contra D. José y D.ª Sonsoles , condenándoles a que paguen al actor la cantidad reclamada de 70.061,96 euros, más los intereses legales de dicha cantidad desde la interposición de la demanda, sustituidos por los procesales desde la fecha de la sentencia de instancia y hasta su completo pago en los términos acordados en el fundamento de derecho segundo de esta resolución de alzada. Se imponen a D. José , las costas de la instancia y de su apelación. Sin especial pronunciamiento en cuanto a las demás costas".
3.- D. José y D.ª Sonsoles solicitaron complemento y aclaración de sentencia que fue denegado mediante auto de fecha 26 de octubre de 2017.
TERCERO .- Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación 1.- D.ª Sonsoles interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.
Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:
"Primer motivo, al amparo de lo prevenido en el art. 469.1.2.° de la LEC, denunciamos infracción del art. 217 de la LEC, apartados 1, 2, 3, 6 y 7, en cuanto a los efectos negativos sobre la falta de prueba imputada a D.ª Sonsoles acerca de un hecho relevante para calificar la deuda como naturaleza doméstica en colación con infracción del art. 316 de la LEC al obviar el interrogatorio del actor donde reconoce hechos que le resultan perjudiciales.
"Segundo motivo, al amparo de lo prevenido en el art. 469.1.4 de la LEC, por haber incurrido la resolución que se recurre en razonamiento arbitrario e ilógico en la valoración de la prueba con vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 24.1 de la Constitución.
"Tercer motivo, al amparo de lo prevenido en el art. 469.1.4 de la LEC, por haber incurrido la resolución que se recurre en vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el art 24.1 de la Constitución, al incurrir en un error notorio o patente en la valoración de la prueba.
"Cuarto motivo, al amparo de lo prevenido en el art 469.1.4 de la LEC, por haber incurrido la resolución que se recurre en razonamiento arbitrario e ilógico en la valoración de la prueba con vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 24.1 de la Constitución".
El único motivo del recurso de casación fue:
"Al amparo de lo prevenido en el art. 477.2.3.° de la LEC, denunciamos infracción de los arts. 1281, 1282 y 1283 del Código Civil y de la doctrina jurisprudencial del TS".
2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta sala y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta sala y personadas las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 27 de mayo de 2020, cuya parte dispositiva es como sigue:
"Admitir los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de D.ª Sonsoles contra la sentencia dictada, con fecha 19 de septiembre de 2017, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 9.ª, con sede en Elche), en el rollo de apelación n.° 188/2017, dimanante del juicio ordinario n.° 2803/2013 del Juzgado de Primera Instancia n.° 4 de Elche".
3.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición al recurso de casación e infracción procesal, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.
4.- Por providencia de 4 de diciembre de 2020 se nombró ponente a la que lo es en este trámite y se acordó resolver los recursos sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 27 de enero de 2021, en que ha tenido lugar a través del sistema de videoconferencia habilitado por el Ministerio de Justicia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- . Antecedentes
Se plantea como cuestión jurídica la responsabilidad por deudas en el régimen de separación de bienes, en un caso en el que la deuda ha sido contraída por uno solo de los cónyuges y el acreedor pretende exigir responsabilidad al no contratante alegando que la deuda se contrajo en el ejercicio de la potestad doméstica.
Por lo que interesa a efectos del presente recurso son hechos probados o no discutidos los siguientes.
1. El 15 de junio de 2006, D. Higinio y D. José suscribieron un documento privado en el que manifestaban que D. José debía a D. Higinio 108.334,98 euros en concepto de préstamo y que se comprometía a devolvérselos en el plazo máximo de un año, pero que si vendía antes de esa fecha una nave de su propiedad se comprometía a pagar entonces lo adeudado.
El 28 de julio de 2008, en un nuevo documento privado otorgado por D. José y D. Higinio , manifestaron que D. José había pagado a D. Higinio la cantidad de 38.273,02 euros, "siendo ahora la deuda pendiente de 70.061,96 euros en concepto de préstamo". Se añadió a continuación un párrafo en el que se decía "Que la Sra. Sonsoles es conocedora de la deuda que su marido el Sr. José tiene con el Sr. Higinio ". El documento fue firmado por D. Higinio , D. José y D.ª Sonsoles .
D. José y D.ª Sonsoles estaban casados bajo el régimen de separación de bienes, en virtud de las capitulaciones matrimoniales otorgadas el 22 de enero de 1991, de cuya existencia se hacía indicación al margen de la inscripción del matrimonio en el Registro Civil desde el 29 de enero de 1991.
2. Tras un monitorio que resultó infructuoso, el 5 de diciembre de 2013, D. Higinio interpuso demanda de juicio ordinario contra D. José y D.ª Sonsoles por la que solicitó la condena solidaria de ambos al pago de 70.061,96 euros más intereses.
En su demanda, D. Higinio explicó que había prestado el dinero por razones de amistad, que creía que los cónyuges estaban sometidos al régimen de gananciales y por eso solo exigió en el primer documento la firma del marido, y que, si exigió la firma de la esposa en el segundo documento, creyendo que estaban sometidos al régimen de gananciales, fue para asegurarse de que ella conocía el importe pendiente de pago en ese momento. Añadió que el esposo carecía de bienes, que las capitulaciones fueron otorgadas fraudulentamente, y que, a pesar de las relaciones comerciales entre las sociedades de que eran socios y administradores tanto el demandante como el esposo, el dinero se prestó para cubrir necesidades familiares. Invocó como fundamento jurídico los arts. 1258, 1170 y ss., 1277, 1286 y 1440 y concordantes, todos ellos del Código civil.
3. D. José se opuso a la demanda invocando falta de legitimación pasiva basada en que la deuda se había originado como consecuencia de la colaboración y cuenta corriente existente entre Calzados Alivio S.L. y Coliseo Calzados S.L., de las que el actor y el demandado eran respectivamente administradores únicos.
D.ª Sonsoles se opuso a la demanda invocando falta de legitimación pasiva basada en que el actor no le prestó ningún dinero, que ella no firmó el documento de 15 de junio de 2006 de reconocimiento de deuda y que en el documento de 28 de julio de 2008 figuraban como otorgantes D. Higinio y D. José , de quien se decía que debía al primero la cantidad reclamada, mientras que la firma de ella no lo era en reconocimiento de ninguna deuda, sino tal como se decía a los solos efectos de declarar que era conocedora de la deuda de su marido con el actor. Negó la posibilidad de fraude en atención a que las capitulaciones eran de fecha muy anterior a la deuda que se reclamaba.
4. El juzgado estimó la demanda interpuesta contra D. José y absolvió a D.ª Sonsoles .
El juzgado consideró que había quedado acreditado, a la vista de la prueba practicada, que el dinero reclamado por el demandante procedía de los préstamos que había hecho al demandado a lo largo de una serie de años para que solventara sus problemas económicos, y rechazó su falta de legitimación. En cambio, estimó la falta de legitimación de D.ª Sonsoles al considerar, con apoyo en las declaraciones del propio demandante, que ella no tuvo ningún trato ni recibió ningún dinero del actor, que si exigió que ella firmara el documento de 28 de julio de 2008, fue para estar seguro de que ella conocía la deuda que tenía su marido, al desconocer el actor a ciencia cierta el destino a que el demandado aplicaba las cantidades que le había ido entregando.
5. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por D. Higinio y por D. José .
6. La Audiencia, en primer lugar, desestima el recurso de apelación interpuesto por D. José y confirma su condena al considerar acreditado que recibió el dinero reclamado a título personal y no en representación de la mercantil de la que era socio único. A los argumentos del juzgado añadió que "incluso en el caso de que se tratase de deudas derivadas de la relación mercantil entre las sociedades que se mencionan, ello no invalida el reconocimiento personal de deuda, es decir, no excluye en absoluto que el demandado quedase vinculado personalmente en la cancelación de la misma, que es lo que precisamente se desprende de modo palmario del propio reconocimiento de deuda expresamente firmado a título personal ("Ambos actúan en su propio nombre y derecho"), así como del posterior documento de pago parcial redactado en los mismos términos".
La Audiencia, en segundo lugar, estima el recurso de apelación del demandante por lo que se refiere a la aplicación del art. 1440 CC y la exigibilidad de responsabilidad a D.ª Sonsoles .
La Audiencia condena a D. José y a D.ª Sonsoles a abonar al demandante 70.061,96 euros más intereses, estableciendo una responsabilidad solidaria respecto de los eventuales bienes comunes del matrimonio y una responsabilidad subsidiaria de D.ª Sonsoles .
7. D.ª Sonsoles interpone recurso por infracción procesal y recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial. Solicita de manera principal que, con estimación del recurso por infracción procesal se dicte sentencia atendiendo a lo alegado en el recurso de casación (disp. final 16.1.7.ª LEC).
8. La parte demandante, ahora recurrida, en su escrito de oposición al recurso, invoca causa de inadmisión por carencia manifiesta de fundamento. Sostiene que la recurrente trata de convertir este recurso en una tercera instancia porque impugna la conclusión a que ha llegado la sentencia recurrida, en especial en atención a los documentos de reconocimiento de la deuda, también el segundo firmado por la recurrente, en el que se deja constancia de que el préstamo se concedió en atención a las relaciones de amistad existentes entre las partes, para hacer frente a necesidades personales.
Recurso extraordinario por infracción procesal
SEGUNDO. Planteamiento del recurso extraordinario por infracción procesal El recurso se funda en cuatro motivos.
El primer motivo, al amparo del art. 469.1.2.º LEC, denuncia la infracción del art. 217 LEC, apartados 1, 2, 3, 6 y 7, en cuanto a los efectos de la falta de prueba de la deuda reclamada como de naturaleza doméstica. En su desarrollo argumenta que la sentencia recurrida invierte la carga de la prueba y exige a la demandada, que no recibió el dinero, que pruebe que no fue destinado a la potestad doméstica, cuando el actor reconoció que no sabía a qué destinaba el marido el dinero que le prestó.
El segundo motivo, al amparo del art. 469.1.4 LEC, denuncia que la resolución que se recurre incurre en razonamiento arbitrario e ilógico en la valoración de la prueba con vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 24.1 CE. En su desarrollo sostiene que la sentencia, como no puede valerse de ningún tipo de prueba, solo puede acudir a razonamientos arbitrarios e ilógicos para encuadrar la cantidad reclamada en la potestad doméstica.
El tercer motivo, al amparo del art. 469.1.4 LEC, denuncia la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 24.1 CE, por incurrir la sentencia recurrida en un error notorio o patente en la valoración de la prueba. En su desarrollo sostiene que habría quedado demostrado que la deuda reclamada nació de las relaciones comerciales entre las mercantiles Calzados Alivio S.L. y Coliseo Calzados S.L., por lo que no podrían enmarcarse en deudas de la potestad doméstica.
El cuarto motivo, al amparo del art 469.1.4 LEC, denuncia que la sentencia recurrida incurre en un razonamiento arbitrario e ilógico en la valoración de la prueba, dando lugar a una vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 24.1 CE. En su desarrollo sostiene que la sentencia recurrida utiliza una fundamentación contradictoria e ilógica para resolver la naturaleza de la deuda.
TERCERO. Decisión de la Sala. Estimación del recurso por infracción procesal
Debemos dar respuesta en primer lugar al óbice de inadmisibilidad planteado por la parte recurrida y las razones por las que lo rechazamos conducen, al mismo tiempo, a estimar el primer motivo del recurso por infracción procesal en el que la parte recurrente denuncia infracción de las reglas de la carga de la prueba.
En efecto, no concurre la causa de inadmisibilidad de los recursos porque, contra lo que se dice en el escrito de oposición, la sentencia recurrida no considera probado que la deuda se contrajera por el marido en el ejercicio de la potestad doméstica y, a pesar de ello, declara la responsabilidad de la esposa al amparo de los arts. 1440.II y 1319 CC.
La sentencia recurrida, tras advertir que "aunque en principio, correspondería al demandante la carga de la prueba de que dichas cantidades se recibieron en el ejercicio de la potestad doméstica" añade que "aquí hemos de aplicar la excepción que expresamente previene el artículo 217 LEC, y que configura la denominada facilidad de la prueba". De esta forma, a pesar de que la valoración de la prueba practicada no le lleva a afirmar que la deuda fue contraída en el ejercicio de la potestad doméstica, la sentencia concluye que es aplicable el art. 1319 CC, al que se remite en sede de separación de bienes el art. 1440 CC.
La sentencia recurrida basa su decisión de condena a la esposa en la facilidad de la prueba del destino del dinero que el esposo recibió del actor, pues previamente ha expuesto las razones que le permitirían tanto admitir como excluir que la deuda se corresponde con el ejercicio de la potestad doméstica del esposo: de un lado, por parecer excesivas para lo que el art. 1440.II CC denomina "potestad doméstica ordinaria" y el art. 1319 CC "necesidades ordinarias de la familia", si bien apunta que repartidas en los seis o siete años que se dicen prestadas se aproximarían a lo que es ordinario; por otra parte, en atención a la intervención de la codemandada en el documento de fecha 28 de julio de 2008, lo que apuntaría a la potestad doméstica; finalmente, la consideración de que, al menos respecto de la cantidad devuelta de 38.273,02 euros, sería aceptable la alegación de los demandados de que la deuda se correspondía con la relación comercial existente entre las mercantiles de que eran administradores demandante y demandado. Más adelante, incluso, la propia sentencia justifica la no imposición de las costas a la demandada por la existencia de "dudas sobre la naturaleza doméstica de la deuda, dada la relativamente alta cuantía de la cantidad prestada y la posible existencia de relaciones comerciales en los términos sugeridos por los codemandados".
Así las cosas, debemos concluir que la sentencia recurrida invierte la carga de la prueba, trasladándola a la esposa demandada, cuando era el actor quien debía asumir la carga de acreditar el presupuesto necesario para la estimación de su demanda, que el préstamo que hizo al marido se dirigía a financiar las necesidades de su familia, lo que la propia sentencia impugnada viene a reconocer que no ha hecho.
En consecuencia, procede estimar el primer motivo del recurso por infracción procesal lo que, sin necesidad de examinar los restantes motivos de dicho recurso, lleva directamente a la aplicación de la regla 7.ª del apartado 1 de la Disposición Final Decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según la cual:
"Cuando se hubiese recurrido la sentencia por infracción procesal al amparo del motivo 2.º del apartado primero del artículo 469, la Sala, de estimar el recurso por ese motivo, dictará nueva sentencia, teniendo en cuenta, en su caso, lo que se hubiere alegado como fundamento del recurso de casación. Del mismo modo resolverá la Sala si se alegare y estimare producida una vulneración del artículo 24 de la Constitución que sólo afectase a la sentencia".
Recurso de casación
CUARTO. Motivo del recurso y marco normativo
1. Planteamiento del recurso de casación. El recurso se funda en un único motivo en el que, con cita de los preceptos sobre interpretación ( arts. 1281, 1282 y 1283 CC y de la doctrina jurisprudencial que los interpreta), se impugna la eficacia que la sentencia recurrida atribuye a la intervención de la codemandada en el escrito de fecha 28 de julio de 2008 a efectos de interpretar que la deuda estaba vinculada con la potestad doméstica y aplicar el régimen de responsabilidad previsto en los arts. 1440.II y 1319 CC.
2. Marco normativo. Responsabilidad por deudas en el régimen de separación de bienes. Deudas contraídas en el ejercicio de la potestad doméstica. La regla general en el régimen económico matrimonial de separación de bienes es que las obligaciones contraídas por cada cónyuge son de su exclusiva responsabilidad, tal y como establece el art. 1440.I CC. Sin embargo, y de manera excepcional, cuando uno de los cónyuges actúe en el ejercicio de la potestad doméstica y contraiga obligaciones para atender las necesidades ordinarias de la familia, el otro responderá de manera subsidiaria de su cumplimiento en virtud de la remisión del art. 1440.II CC al art. 1319.II CC.
Esta regla permite que, a pesar de la separación patrimonial, el tercero pueda exigir responsabilidad al cónyuge que no contrató ni generó la deuda contraída para satisfacer las necesidades ordinarias de la familia. La excepción a la regla de separación de responsabilidades se justifica por la comunidad de vida propia del matrimonio y beneficia a los acreedores al mismo tiempo que favorece el mayor crédito de los cónyuges para atender a las necesidades familiares. Por ello, a pesar de que el precepto no limita los actos o contratos que generen obligaciones siempre que se dirijan al fin previsto en la norma, será preciso, para que el acreedor pueda exigir responsabilidad al cónyuge con el que no contrató, si no la prueba cumplida del concreto uso o destino del gasto, lo que escapa a las posibilidades de conocimiento y prueba del tercero, sí al menos una apariencia razonable de su destino familiar y doméstico. Habitualmente ese destino resultará de la propia naturaleza de los bienes adquiridos o de los servicios contratados, pero no hay que negar que, en caso de necesidad, uno de los cónyuges recurra a un préstamo para obtener fondos para atender a las necesidades familiares. Lo que sucede es que, en tal caso, el acreedor que pretenda exigir responsabilidad al otro cónyuge deberá acreditar que los fondos prestados se destinaron a tal fin.
QUINTO. Decisión de la sala. Desestimación de la demanda interpuesta contra D.ª Sonsoles
En el supuesto presente, con arreglo al grado de prueba practicada, esta sala valora que no puede considerarse acreditado que el préstamo concertado entre el demandante y el esposo de la demandada se destinara a satisfacer las necesidades de la familia.
Es relevante en el caso la existencia de unas relaciones comerciales entre el demandante y el esposo de la demandada, así como que la deuda por las importantes cantidades reconocidas como debidas se generara durante los años en los que existían tales relaciones, tal y como resulta de las facturas y albaranes aportados por las partes. Que el marido reconociera en su propio nombre la deuda en concepto de préstamo, pronunciamiento que ha quedado firme, comporta que sea él quien deba responder, pero ello no determina, en virtud del principio de separación de responsabilidades propio del régimen económico matrimonial de separación de bienes, que también deba responder su esposa con sus propios bienes, toda vez que no ha quedado acreditado que el dinero que se dice prestado se destinara a satisfacer las necesidades de la familia.
Partiendo de las relaciones del acreedor únicamente con el esposo, que fue este quien exclusivamente recibió el dinero y otorgó un primer documento de reconocimiento de deuda, la firma de la esposa en un segundo documento en el que se reitera que el marido debe dinero al actor y ella se limita a manifestar que lo sabe, no comporta ni la asunción de ningún tipo de responsabilidad a título personal ni es prueba del destino del dinero, que el propio actor reconoció no saber a qué se había destinado como explicación de la razón por la que pidió la firma de ella en el segundo documento de reconocimiento de deuda efectuado por el marido.
Debemos añadir, por lo demás, que los cónyuges estaban sometidos al régimen de separación de bienes en virtud de las capitulaciones otorgadas varios años antes del nacimiento de la deuda contraída por el marido y que ahora se reclama, por lo que no puede apreciarse el fraude que el demandante alegó en su demanda y en su recurso de apelación.
Como consecuencia, ha de desestimarse la demanda interpuesta por el hoy recurrido, D. Higinio , contra D.ª Sonsoles .
SEXTO. Costas
La estimación de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal determina que no se impongan las costas devengadas por ninguno de los dos recursos.
Se imponen a D. Higinio las costas de su recurso de apelación, ya que debió ser desestimado. Se le imponen igualmente las costas de la primera instancia respecto de D.ª Sonsoles .
F A L L O
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido
1.0 Estimar los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de D.ª Sonsoles contra la sentencia dictada, con fecha 19 de septiembre de 2017, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 9.ª, con sede en Elche), en el rollo de apelación n.º 188/2017.
2.0 Revocar la sentencia en el sentido de desestimar el recurso de apelación interpuesto por D. Higinio y, en consecuencia, desestimar la demanda que en su día interpuso contra D.ª Sonsoles , a quien se absuelve de las pretensiones dirigidas contra ella.
3.0 No imponer las costas de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal y ordenar la devolución de los depósitos constituidos para su interposición.
4.0 Imponer a D. Higinio las costas de su recurso de apelación y las costas de la primera instancia respecto de D.ª Sonsoles .
Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.