• “Esta falta de medios y ausencia de especialización, ¿en qué se traduce? Yo se lo explico. Les traigo a la sede de la soberanía nacional casos concretos. Con nombres propios y circunstancias reales”, relata la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), María Dolores López-Muelas

• “Josefa, de Murcia, interpuso la demanda de divorcio en el año 2019. Tiene un hijo con una grave discapacidad. Debido a la batalla que se libra por la custodia por el hijo, se solicitó un informe al equipo psicosocial. Estamos en el año 2024 y ahora ha recibido la citación para la elaboración del informe en 2025”.

Madrid - 28 de junio 2024. La presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), María Dolores López-Muelas, ha llevado hoy hasta el Congreso de los Diputados los casos concretos de personas que sufren una Justicia con falta de medios y de personal. Esta precariedad afecta directamente a la vida de miles de personas en nuestro país. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, explicó López-Muelas, más de 300.000 menores se ven implicados en procesos judiciales cada año.

La intervención de la presidenta de la AEAFA tuvo lugar durante la jornada sobre 'La especialización jurisdiccional en Infancia, Familia y Capacidad: el paso a realidad jurídica de una necesidad social’, organizada por los Ilustres Colegios de la Abogacía de Barcelona y Madrid y Plataforma Familia y Derecho en la Sala Ernest Lluch, del Congreso de los Diputados, y que fue clausurada por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo.

Discurso completo

Diputadas y diputados, representantes de los colegios de la Abogacía de Madrid y Barcelona y de la Plataforma Familia y Derecho, muchas gracias por darme la oportunidad de dar voz a la abogacía especializada en Familia de nuestro país. Más de 2.700 juristas forman parte de la AEAFA. Y a su lado, la ciudadanía que deposita en ellos sus asuntos más delicados.

El Derecho de Familia atiende decisiones trascendentales. A su amparo se resuelve el bienestar y el futuro de las personas que más queremos.

Y no sólo hablamos de las separaciones, las divorcios o las guardas y custodias de los niños y las niñas. El Derecho de Familia abarca mucho más: el porvenir de las personas con discapacidad, la filiación, las adopciones, las herencias, el reparto de bienes tras el divorcio, la violencia de género... Todo eso es Derecho de Familia.

Y todos los que nos encontramos aquí, tarde o temprano, pasaremos por un trance relacionado con la vida, la crisis familiar o la muerte. Son cuestiones tan próximas, pero, qué curioso, tan desatendidas en España, donde nos faltan medios y personal en los juzgados y, sobre todo, una especialización. Es decir, jueces, fiscales y equipos psicosociales perfectamente formados en una rama del derecho compleja y delicada.

“En el juzgado estamos paralizados entre 9 meses y un año para decir a las familias si los críos van con el padre o la madre. Sigue todo igual que hace años, es un horror, a los equipos psicosociales no se les dota de medios y están bajo mínimos”.

Esta falta de medios y ausencia de especialización, ¿en qué se traduce? Yo se lo explico. Les traigo a la sede de la soberanía nacional y casa de 47 millones de españoles casos concretos. Con nombres propios y circunstancias reales.

Por ejemplo, como no tenemos una legislación sobre ejecución de las resoluciones judiciales adaptada a los procesos de familia, se dan situaciones como las siguiente.

En Sevilla, MARINA lleva cuatro años y medio para cobrar 64.000 euros correspondientes a la pensión alimenticia de dos hijas. Mientras, su expareja y padre deudor, se fotografía en un barco en Ibiza y Mallorca junto a su nueva pareja.

En Tarragona, MARC ha tardado seis años en conseguir que le permitan ver a sus hijas. Hasta que el juez no ha apercibido a la progenitora de la pérdida de la custodia exclusiva, no se ha conseguido nada. Y ha perdido seis años de la infancia de su hija que no vuelven.

En Murcia tenemos a ANA Y ALFONSO. Llevan más de año y medio sin ver a sus nietas, de siete y ocho años. Su hija murió a los 23, y el yerno enfrió la relación, se alejó de sus suegros, espaciaba los encuentros entre nietas y abuelos. Tuvieron que acudir a la Justicia para ver a las niñas. El caso se complicó, el asunto lo lleva un juzgado mixto porque en su partido judicial no hay especialización y, para colmo, durante todo este tiempo han sufrido cambio de juez, de funcionarios, y se han sucedido las huelgas de letrados judiciales y de funcionarios.

El resultado: Ana y Alfonso siguen sin ver a sus nietas. Esto, en cuanto a la ejecución de sentencias.

Vayamos a otro problema recurrente en Derecho de Familia. Los equipos psicosociales:

Los equipos psicosociales son unidades formadas por psicólogos y trabajadores sociales independientes y adscritos a los juzgados.

Dependen presupuestariamente de las administraciones que tienen atribuida la competencia en materia de administración de Justicia.

Su presencia es necesaria cuando las unidades familiares, o los menores sometidos a examen, tienen alguna característica que hace recomendable la intervención de un profesional: familias con graves conflictos de convivencia, hábitos tóxicos, situaciones de exclusión o vulnerabilidad, comportamientos disruptivos de algún miembro de la familia, trastornos de la personalidad, etc..

En Barcelona, pongamos que el funcionario que nos lo cuenta se llama JOAN.

Pues bien, Joan nos ha dicho, y abro comillas: “En el juzgado estamos paralizados entre 9 meses y un año para decir a las familias si los críos van con el padre o la madre. Sigue todo igual que hace años, es un horror, a los equipos psicosociales no se les dota de medios y están bajo mínimos”.

Y Joan continúa. Abro comillas: “Lo que hace todo esto es retrasar una decisión importante. Cuando se pide el informe es porque hay algo raro y es necesario realizarlo con urgencia. Ellos están desesperados”.

Y cuando dice desesperados, Joan se refiere a los abogados, a los jueces, al resto de operadores jurídicos, y por supuesto, a las familias.

Más del 53% de los españoles están adscritos a partidos judiciales donde no existen juzgados especializados en Familia.

También en Murcia tenemos a JOSEFA. Interpuso la demanda de divorcio en el año 2019. Tiene un hijo con una grave discapacidad. Debido a la batalla que se libraba por la custodia por el hijo, se solicitó un informe al equipo psicosocial. Estamos en el año 2024 y ha recibido la citación para la elaboración del informe en 2025.

Podría pasar toda la mañana exponiendo casos concretos. Y ustedes pensarán, bueno, serán puntuales. Pues ya les digo que no es así. Que los juzgados están trufados de situaciones como las que acabo de relatar. Solo les daré un dato: el 25% del total de asuntos civiles corresponden a asuntos de Familia y eso, sin contabilizar los procedimientos de ejecución. Hablamos de más de 300.000 niños y niñas implicados en procesos judiciales cada año. Y les prometo que cada uno de esos procesos es doloroso. Muy doloroso.

Por eso, aprovechando la oportunidad que se me ofrece, insisto en la necesidad de dotar de medios y especialización a la Justicia española, que les recuerdo, es un servicio público como lo es la Educación o la Sanidad y, en muchas ocasiones, igual de necesario y vital. Y si no, que se lo pregunten a Ana en Sevilla o a Marc en Tarragona.

Todas las personas tenemos derecho a disponer de Juzgados especializados de Familia, al igual que todas las empresas tienen y disponen ya, de juzgados especializados en Mercantil, para dirimir las cuestiones de su ámbito.

En relación con el Derecho relativo a la Infancia, Familia y Capacidad, nuestro actual sistema de Justicia no garantiza ni cumple el principio de igualdad del ciudadano ante la Ley. Esto es así porque es el lugar de residencia lo que determina que el justiciable tenga derecho o no a que su asunto de familia sea resuelto y tramitado en un Juzgado Especializado.

Con el actual sistema de organización de la Justicia, más del 53% de los españoles están adscritos a partidos judiciales donde no existen juzgados especializados en Familia. Se genera así una evidente discriminación en favor de los grandes núcleos de población. Al final, el lugar de residencia o empadronamiento del ciudadano es lo que determina el acceso a una justicia de primera o segunda división para resolver cuestiones tan delicadas como el divorcio, la custodia de los hijos, la herencia o la protección de personas con discapacidad.

Esta situación genera un agravio territorial comparativo, respuestas jurisdiccionales dispares, impotencia, inseguridad jurídica y dilación en la tramitación de los procesos.

Es evidente que exigir que la familia y sus asuntos sean tengan el mismo trato que los mercantiles y laborales no solo es de justicia, sino que el no hacerlo, es absolutamente un agravio comparativo, sin justificación alguna.

Y si todos estos argumentos no son suficientes, les recuerdo: Los retrasos y las demoras en los procesos judiciales de Familia son, en muchas ocasiones, potenciadores de situaciones de violencia de género, doméstica y filio parental.

El pasado 8 de marzo de 2024 durante la inauguración de las XXXI Jornadas centrales de AEAFA, D. Manuel Olmedo, Secretario de Estado de Justicia, anunció que los Tribunales de Instancia SÍ contarían con una sección especializada en Familia, Infancia y Capacidad.

Este es un anuncio que no debemos de pasar por alto. Y es más, tenemos que exigir su cumplimiento, por dos razones: El foro en el que tuvo lugar, ante toda la Abogacía y los Jueces de Familia, y quién lo dijo, el propio Secretario de Estado de Justicia. Además, queremos que todos los grupos parlamentarios que están hoy aquí, ustedes que representan a familias de toda España, hagan bandera de nuestra reivindicación y se pongan a trabajar conjuntamente. Creo que es de justicia. Que vale la pena sumar esfuerzos y, por una vez, dejar las rencillas a un lado por el bienestar de todos.

Confiemos en que esta vez sí, se reconozca la especialización en materia de Familia, Infancia y Capacidad dentro del orden jurisdiccional Civil y se dote a la Justicia española con los recursos que se merecen sus ciudadanos.

Y si todos estos argumentos no son suficientes, les recuerdo: Los retrasos y las demoras en los procesos judiciales de Familia son, en muchas ocasiones, potenciadores de situaciones de violencia de género, doméstica y filio parental.

La necesidad de fortalecer la justicia española y priorizar el Derecho de Familia es innegable. Está en su mano, y en nosotros tienen su apoyo. No lo desaprovechen, por favor. Contamos con ustedes.