AEAFA considera “alentadora” pero “insuficiente” la Ley de Protección a la Infancia
La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) lamenta que el Gobierno suprimiera en el último momento la creación de una Jurisdicción de Familia para atender a 600.000 menores afectados por las crisis familiares
16 de junio de 2020.- La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) considera alentador pero insuficiente el proyecto de ‘Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia’. Para la AEAFA, supone un gran paso las medidas que refuerzan las actuaciones de sensibilización, detección precoz y prevención con planes y programas públicos dirigidos a la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
Asimismo, AEAFA aplaude la introducción del deber de comunicar cualquier situación de violencia sobre niñas, niños o adolescentes a la autoridad competente aun cuando no sea constitutiva de delito, o la imposición de la pena de privación de la patria potestad a los penados por homicidio por asesinato en dos situaciones: cuando el autor y la víctima tuvieran en común un hijo o una hija y cuando la víctima fuera hijo o hija del autor.
Sin embargo, desde la AEAFA lamentamos que el proyecto de ley haya suprimido del texto inicial los párrafos donde se preveía la creación de una jurisdicción propia en Infancia, Familia y Capacidad independiente de la Civil para garantizar la atención adecuada, eficaz e igualitaria de la ciudadanía.
Por este motivo AEAFA tiene previsto mantener reuniones con el Gobierno y los grupos políticos presentes en el Congreso, para llevar a cabo las modificaciones necesarias durante la tramitación parlamentaria de la futura Ley de Protección Integral a la Infancia.
Más de un millón de personas afectadas por crisis familiares
Cabe recordar que en España más de un millón de personas acuden anualmente a los juzgados con motivo de su crisis familiar. Y más de 600.000 menores padecen cada año por el conflicto de sus progenitores. Este tipo de disputas tienen una elevada carga emocional: los expertos señalan que es la segunda experiencia más estresante por la que puede atravesar una persona después de la muerte de un ser querido. El Observatorio del Derecho de Familia AEAFA indica que el 97% de los divorcios contenciosos con hijos tiene un alto nivel de conflictividad.
Tras eliminar los párrafos dirigidos a crear una jurisdicción de Infancia, Familia y Capacidad, el proyecto de ley hace una mención somera a la especialización de determinados órganos jurisdiccionales mediante la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) en el plazo de un año. Para AEAFA, esta decisión es un parche insuficiente que no resuelve los colapsos, la inseguridad jurídica y la discriminación por territorio que sufren la ciudadanía cuando afronta una crisis familiar.
“Solo una jurisdicción de Familia, como ocurre en la Civil, la Penal, la Contencioso-Administrativa y la Social, resuelve la carencia de medios técnicos y materiales y los retrasos de los procedimientos actuales. Mediante una jurisdicción de Familia se mejora la cantidad y calidad de las resoluciones judiciales gracias a la capacitación de jueces y magistrados mediante pruebas selectivas que influyen en el régimen de promociones, ascensos y destinos de su carrera judicial. Con una jurisdicción de Familia, la formación multidisciplinar -incluye competencias en negociación, mediación y psicología- también concierne a letrados de la Administración, Fiscalía y equipos técnicos”, afirma la presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano.
“Mejorar la protección de los derechos de los menores y en general de las personas vulnerables, ya por su edad o por una discapacidad, no se consigue solo con un aumento significativo de los órganos judiciales y una nueva organización territorial, sino también con un correlativo aumento de las oficinas judiciales, de medios personales y materiales y con una estructura auxiliar del órgano judicial adecuada”, incide María Dolores Lozano.
Cambio en el último momento
El proyecto de Ley aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros cercenó en el último momento la creación de una jurisdicción propia en Infancia, Familia y Capacidad tal como indicaba la redacción inicial: “La creación de una jurisdicción de Infancia, Familia y Capacidad propia e independiente es necesaria para garantizar la atención adecuada, eficaz e igualitaria a muchas situaciones en las que se ven afectados los derechos fundamentales de carácter personal de un gran sector de la población. […] Los procedimientos de ruptura familiar generan en los niños, niñas y adolescentes problemas que es necesario abordar desde un conocimiento especializado y multidisciplinar, siendo necesario que los poderes públicos garanticen con medidas eficaces y efectivas el derecho los hijos a mantener relaciones con sus progenitores en casos de vida separada de éstos, de modo que en una respuesta rápida y especializada en este ámbito puede jugar un papel esencial en la prevención de la violencia”.
“La AEAFA considera que la especialización de los operadores jurídicos (abogados, fiscales, jueces y equipos técnicos), juzgados y tribunales garantiza la seguridad jurídica y la celeridad en la resolución de los asuntos. Además, permite una atención adecuada, eficaz e igualitaria para todos los ciudadanos, sin discriminación territorial alguna y con profesionales especialmente preparados en la materia”, explica María Dolores Lozano.
Igualdad de condiciones en toda España
La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) lidera desde hace más dos décadas la reivindicación de la creación de la Jurisdicción de Familia, Infancia y Capacidad independiente de la jurisdicción civil. El discurso de la AEAFA ha logrado calar no solo en la abogacía y la magistratura especializadas, también en la ciudadanía y en los poderes públicos, sumando apoyos de colectivos profesionales de la psicología, trabajo social, medicina y un amplio espectro de profesionales relacionados con Familia, Infancia y Capacidad.
“El actual sistema de Justicia no garantiza ni cumple el principio de igualdad del ciudadano ante la ley. La razón estriba en que sólo los grandes núcleos urbanos disponen de juzgados de Familia con profesionales supuestamente formados y, a priori, medios adecuados. Esta situación genera un agravio territorial comparativo, respuestas jurisdiccionales dispares, inseguridad jurídica y dilación en la tramitación de los procesos que en muchas ocasiones derivan en situaciones de violencia de género, doméstica y filio-parental”, señala la presidenta de AEAFA.
“Es imperiosa la adaptación de la planta judicial a la nueva realidad de la sociedad del siglo XXI. El servicio público ha de responder a los principios de especialidad y de proximidad. Nuestra Justicia adolece de una falta de medios materiales y humanos que se ha evidenciado de forma exponencial con la declaración del estado de alarma, a consecuencia de la crisis socio-sanitaria producida por la pandemia del COVID-19. Durante años estaremos padeciendo las secuelas de esta crisis endémica en nuestro sistema de Justicia, de no adoptar cuanto antes las medidas de corrección necesarias”, señala María Dolores Lozano.
