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  • 09/05/2014
  • ARTICULOS - OPINION
  • Autor: Fsco Javier Pérez-Olleros Sánchez-Bordona
  • Sección: VARIOS
  • Categoría: CGPJ y actividad judicial
Información sobre la huelga del 18 F

INFORMACION SOBRE LA HUELGA DEL 18 F

Por FJ. Pérez-Olleros y Sánchez-Bordona

ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DEL C.G.P.J. EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2009

               Primero.- Vistas por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión extraordinaria del día de la fecha, las peticiones y comunicaciones recibidas con relación al seguimiento de una jornada de huelga para el día 18 de febrero, y en atención

               a los siguientes

               ANTECEDENTES DE HECHO

               En el Registro General del Consejo General del Poder Judicial han tenido entrada, mediante fax, correo ordinario y por presentación directa, las comunicaciones y peticiones emitidas por:

               - Asamblea de Jueces y Magistrados de la provincia de Almería.

               - Asamblea de Jueces y Magistrados de Huelva.

               - Convocatoria de la Reunión de Jueces y Magistrados de la provincia de Málaga.

               - Asamblea de Magistrados de Teruel.

                - Asamblea de Jueces y Magistrados de la provincia de Las Palmas.

               - Asamblea de Jueces y Magistrados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

               - Asamblea de Jueces y Magistrados de la provincia de Alicante.

                - Asamblea de Magistrados de Castilla-La Mancha.

               - Asamblea de Jueces y Magistrados de Ciudad Real.

               - El Juez de 1ª Instancia de Instrucción Único de Solsona (Lleida)

               - Asamblea de Jueces y Magistrados de la provincia de A Coruña.

               - Asamblea de Jueces y Magistrados de la provincia de Pontevedra.

               - Asamblea de Jueces y Magistrados de Ibiza.

               - Asamblea autonómica de Jueces y Magistrados de Murcia.

              - Asamblea de Jueces y Magistrados de Castilla-La Mancha

               - Asamblea de Jueces y Magistrados de la provincia de Ciudad Real.

               - Asamblea de Jueces y Magistrados de la provincia de Cuenca.

               - La Junta provincial de Jueces de Girona.

               - Jueces/as y Magistrados/as de la provincia de Tarragona.

               - La Asamblea de Jueces y Magistrados de Extremadura

               - Asamblea de Jueces del Partido Judicial de Majadahonda.

                - Las Asociaciones Judiciales “Francisco de Vitoria” y “Foro Judicial

               Independiente”.

                

                

               A los que resultan de aplicación los siguientes

               FUNDAMENTOS JURIDICOS

                A la vista de las comunicaciones y peticiones que se dirigen al Consejo, en el sentido de que se fijen por este órgano los servicios mínimos imprescindibles para atender debidamente a los ciudadanos durante el día de la huelga, y que se tenga por

              convocada, en forma y plazo legal ésta, resulta necesario realizar las siguientes consideraciones:

               1.- El Consejo General del Poder Judicial, como establece el artículo 122.2 de la Constitución, es el órgano de gobierno del mismo, y en cuanto tal, ejerce y ejercerá las competencias que le son legalmente atribuidas.

               2.- Con independencia de las cuestiones que pudieran suscitarse en relación al reconocimiento del derecho de huelga de jueces y magistrados, lo cierto es que el ejercicio de ese posible derecho carece, en el momento actual, de soporte normativo.

               Ninguno de los escritos presentados contiene una referencia al marco regulador del referido ejercicio, limitándose a una simple mención a los artículos 3 y 4 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de Marzo, cuya posible aplicación a las peticiones que se efectúan, aparece huérfana de cualquier motivación.

               Esta norma se refiere a un tipo distinto de relaciones jurídicas, sin que por tanto puedan encuadrarse en ella las medidas que se pretenden.

               3.- La conclusión obligada de lo expuesto, se traduce en que el CGPJ no puede acceder a las peticiones que se le formulan y consiguientemente, no puede proceder a la fijación de servicios mínimos, ni a tener por tales aquellos que pudieran señalar quienes

               suscriben los escritos.

               4.- El Consejo, en el cumplimiento de sus funciones, velará siempre para que mediante el ejercicio de la función jurisdiccional, se garantice el derecho a la tutela judicial de los ciudadanos.

               Por las razones expuestas, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial

               ACUERDA

               No haber lugar a las pretensiones formuladas, y por ello resuelve que NO PROCEDE:

               A) Tener por anunciada la convocatoria de huelga.

               B) Fijar servicios mínimos ni tener por tales los que pudieran señalar los que suscriben los diferentes escritos.

               Notifíquese a los interesados, haciéndoles saber que cabe interponer contra este acuerdo Recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, y, en su caso el de diez días contemplado en el artículo 115.1 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

               Madrid, nueve de febrero de dos mil nueve.

               Segundo.- Aprobar la siguiente Declaración Institucional:

               Los jueces trabajan con un grado de dedicación y esfuerzo personal encomiable y digno de todo respeto y de que, en muchas ocasiones, su labor se realiza en condiciones humanas y materiales que no responden a las necesidades exigibles para el ejercicio de un poder del Estado.

               Por ello, el CGPJ reitera, una vez más, que comparte y apoya las peticiones de los jueces relativas a la modernización de la justicia, a las condiciones en que se administra y a la mejora del estatuto orgánico, en el convencimiento de que se trata de propuestas cuya consecución es necesaria para la justicia rápida y de calidad que demandan y se merecen los ciudadanos.

               El CGPJ constata que la respuesta efectiva a tales peticiones no se inscribe en el ámbito de sus medios propios, ya que la cobertura presupuestaria de las medidas a adoptar está en manos del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas a las que se ha transferido la competencia en esta materia.

               Ello no obstante, el CGPJ estima que el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y el debido respeto al derecho a la tutela judicial efectiva exigen una decidida toma de posición por parte de todos e imponen al CGPJ la obligación de liderar este proceso de modernización y velar por su buen fin.

               Desde ese convencimiento, el CGPJ ha impulsado diversas actuaciones de choque, así como el diseño y desarrollo de un plan integral de modernización y el análisis de reformas legales urgentes, todo lo cual se ha traducido en compromisos y medidas concretas por parte de las administraciones competentes y que, aunque todavía no suficientes, se orientan a la obtención de una Justicia mejor.

               El CGPJ entiende que ese objetivo común de prestar el mejor servicio posible a los ciudadanos sólo puede lograrse con una voluntad real de buscar puntos de encuentro, mediante el diálogo y la negociación sinceras y efectivas, por lo que llama a todos los jueces a apoyar este diálogo y a colaborar con una actitud crítica, pero responsable y constructiva, para que continúe con éxito.

               Ante las convocatorias de paro anunciadas para el próximo día 18 de febrero, el CGPJ considera que dichas medidas, por su gravedad y efectos en la prestación de un servicio público fundamental, resultan difícilmente conciliables con los objetivos que

               persiguen y carecen de justificación cuando está abierta la vía del diálogo con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas y se aprecia una voluntad clara de profundizar en el proceso.

               El CGPJ como órgano de gobierno del Poder Judicial, por tanto, no comparte medidas de presión que perjudiquen el derecho de los ciudadanos a obtener la tutela judicial efectiva y cuyo ejercicio no tiene una específica cobertura legal.

               El CGPJ confía en el constatado sentido de la responsabilidad y del

               cumplimiento del deber de los jueces y continuará trabajando para la inaplazable solución de los graves problemas que afectan a la Administración de Justicia.

               Tercero.- Proceder a la remisión al Excmo. Sr. Ministro de Justicia, de la documentación procedente del mismo y recibida en este Consejo General, con certificación del presente acuerdo.

                

            

           COMUNICADO CONJUNTO AJFV Y FJI SOBRE LA CONVOCATORIA DE HUELGA

A toda la carrera judicial:

           Siendo perfectamente conscientes de que estamos viviendo un momento histórico en el seno de la carrera judicial, desde AJFV y FJI hemos intentado mantener la unidad de actuación de las asociaciones judiciales. Así, tras el decepcionante resultado de la reunión celebrada el día 4 de diciembre por las cuatro asociaciones con el Ministerio de Justicia, el siguiente día 5 propusimos desde AJFV y FJI la eventual convocatoria de una huelga en el mes abril para el caso de que no se atendieran antes nuestras legítimas reivindicaciones, lo que reiteramos en la reunión que las asociaciones mantuvimos el 11 de diciembre.

           El día 12 de enero tuvo lugar una nueva reunión de todas las asociaciones, en la que se consiguió el histórico acuerdo del que todos tenemos conocimiento y que concedía un voto de confianza a la voluntad negociadora del Gobierno, difiriendo la convocatoria de la huelga del 18 de febrero al 26 de junio.

           Aún cuando nuestros asociados habían votado mayoritariamente a favor de convocar huelga para el 18 de febrero, en AJFV y FJI renunciamos a imponer esa fecha a las demás asociaciones en aras a mantener la unidad de actuación.

           Pero en la reunión con el Ministro de Justicia del pasado 26 de enero, no sólo no se nos ha ofrecido una respuesta mínimamente satisfactoria, sino que el Ministerio ni tan siquiera se ha presentado con un plan de actuación concreto, específico y detallado en ninguna de las materias que son objeto de nuestras reivindicaciones, ni ha puesto sobre la mesa nada distinto a lo tratado en la anterior reunión del 4 de diciembre.

           Esta última reunión del 26 de enero careció realmente de cualquier contenido negociador efectivo y ni siquiera se llegó a fijar una fecha para un nuevo encuentro.

           El Ministro se limitó a exponer los planes de actuación del Ministerio en materia de desarrollo de la oficina judicial y de las aplicaciones informáticas; se negó a aceptar nuestra reivindicación sobre la agenda de señalamientos y a incrementar la convocatoria de plazas de jueces en los próximos cinco años; y en materia de protección social ni tan siquiera aportó una sola propuesta, pese a que el documento conjunto de las cuatros asociaciones está presentado en el Ministerio desde el mes de mayo de 2006.

           Esta falta de propuestas concretas es aún más grave si se tiene en cuenta que todas las reivindicaciones, absolutamente todas, han sido ya exigidas reiteradamente al Ministerio en los numerosos escritos e informes que le hemos remitido desde todas las asociaciones, y en las muchas reuniones, más de una quincena, que se han mantenido a lo largo de estos tres últimos años a través de la CIP y en todas las cuales se han tratado estas materias.

           Las negociaciones sobre estas reivindicaciones no han comenzado el 26 de enero de 2009, sino que llevan ya mucho tiempo abiertas como resultado de las reiteradas exigencias que las asociaciones hemos venido planteando desde hace varios años sin obtener respuesta.

           Pese a que las asociaciones judiciales mostramos en esta última reunión nuestra mejor voluntad, aceptando incluso aplazar en el tiempo la revisión de las retribuciones cuya adecuación debería haberse producido por imperativo legal en mayo de 2008, el Ministerio de Justicia no ha presentado ningún plan, propuesta o programa concreto de actuación que pudiere dar cumplimiento a las reivindicaciones.

         La cuestión de la agenda de señalamientos podría haber quedado perfectamente resuelta el día 26 de enero si el Ministerio hubiese manifestado una mínima voluntad para acercar posturas, y su rotunda negativa a incrementar de forma importante en los próximos cinco años el número de plazas de jueces es totalmente incomprensible e inaceptable, cuando resulta que en este momento actúan diariamente 700 jueces sustitutos, se producen además unas 50 bajas anuales en la carrera judicial por jubilaciones, excedencias, etc.., y cuando la puesta en marcha de la nueva oficina judicial va a permitir aumentar el número de jueces sin tener que crear nuevas unidades judiciales.

           El Ministro afirmó categóricamente que no piensa convocar más de 150 plazas de jueces anualmente, y que de hacerlo en el futuro sería a través de los nuevos sistemas de acceso a la carrera judicial que están estudiando.

           Estas dos cuestiones, agenda de señalamientos y un pacto firmado para el incremento del número de jueces en los próximos cinco años, las consideramos absolutamente claves y fáciles de cerrar de manera inmediata, a diferencia del resto de nuestras reivindicaciones que exigen dotaciones presupuestarias, una progresiva implantación en el tiempo y un determinado desarrollo legislativo.

           Es por ello inadmisible la radical oposición del Ministerio a estas dos reivindicaciones, lo que evidencia su nula voluntad negociadora y supone para AJFV y FJI una clara demostración de que no tiene ningún sentido esperar hasta el 26 de junio con la excusa de mantener abierto un inexistente proceso de negociación.

           Si a esto le añadimos que no se nos ha presentado la más mínima propuesta o estudio relativo a nuestros derechos de protección social para su equiparación a la función pública en materia de reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares, prevención de riesgos laborales, contingencias profesionales, vacaciones, jubilación, etc…; y que en todo lo demás tampoco se nos ha facilitado un plan concreto con fechas cerradas y un programa de actuación definido con el incremento en próximas anualidades de las partidas presupuestarias destinadas a la mejora de las aplicaciones informáticas, de los medios materiales y desarrollo e implantación de la oficina judicial, la triste conclusión no puede ser otra que la de entender que desde el Ministerio no acaban de comprender la enorme gravedad de la situación en que se encuentra la Administración de Justicia, que solo podrá ser corregida con la implicación de todos los estamentos gubernamentales en la aprobación del plan de inversiones que resulta imprescindible para superar el secular abandono del que ha sido objeto.

           En esta tesitura, desde AJFV y FJI consideramos que no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos, engañando a la carrera judicial y a los ciudadanos a los que nos debemos, en la falsa creencia de que estamos ante un proceso abierto de negociación responsable por parte del Ministerio, y debemos por ello adoptar una decisión rotunda y contundente que obligue a tomarse de verdad en serio nuestras reivindicaciones.

           El acuerdo alcanzado por las cuatro asociaciones judiciales el pasado 12 de enero supeditaba la convocatoria de la huelga el 26 de junio a la efectiva apertura hasta esa fecha de un verdadero proceso de negociación, real y efectivo, pero la actitud del Ministerio evidencia bien a las claras que no podemos siquiera considerar que exista esta voluntad por su parte. En AJFV y FJI tenemos muy claro que la única finalidad de ese acuerdo era la de negociar efectivamente con el Ministerio de Justicia, que no la de hacer creer a la carrera judicial que se estaba negociando y acogerse a esta excusa para ganar tiempo y eludir la responsabilidad que como asociaciones judiciales nos corresponde en el crucial momento que estamos viviendo.

             Estas son las únicas razones que nos han llevado a convocar huelga en la carrera judicial y en todo el ámbito nacional para el 18 de febrero, a las que tendremos que añadir en este momento la anunciada voluntad del Ministro de Justicia de promover una modificación legal para privar a los jueces del derecho de huelga, lo que podría convertir en ineficaz la convocatoria del 26 de junio.

           Huelga para la que mantendremos en sus mismos términos las reivindicaciones pactadas por las cuatro asociaciones el 12 de enero, aplazando en el tiempo la relativa a la adecuación de nuestras retribuciones.

           Os exponemos a continuación las diferentes medidas e iniciativas que pretendemos llevar a efecto:

           1º) La convocatoria de huelga de 24 horas para el día 18 de febrero.

           2º) Para el día 18 de abril, sábado, comparecencia colectiva en ejercicio del derecho de petición ante el Ministerio de Justicia para presentar las reivindicaciones pendientes de cumplimiento.

           3º) Mantener la convocatoria de la huelga anunciada para el 26 de junio.

           4º) A partir del 19 de febrero, la constitución de comisiones de gestión en las CCAA con competencias transferidas para plantear ante las mismas las reivindicaciones de su competencia. Comisiones de las que formarían parte una representación de los decanos de cada territorio, junto con los de las asociaciones.

           5º) Solicitar una reunión con el Presidente del Gobierno; del CGPJ y de las CCAA con competencias transferidas, para trasladarles todas nuestras reivindicaciones y pedirles su implicación en la resolución de los problemas de la administración de justicia.

           Asimismo, solicitamos a todos los partidos políticos con representación parlamentaria que consensuen un Pacto para la Justicia que aborde decididamente los graves problemas que aquejan a la Administración de Justicia y se adopten las medidas necesarias para paliarlos.

                6º) Editar folletos y carteles para anunciar la huelga del 18 de febrero y colocarlos en las sedes judiciales a los efectos de información a los usuarios del servicio que impone el art. 4 RDL 17/1977, de 4 de marzo.

           7º) Solicitar reuniones con el CGPJ para tratar sobre el sistema de determinación de la carga máxima de trabajo.

           8º) Anunciar que el comité de huelga designado por las asociaciones convocantes va a reunirse antes del día 18 de febrero con una representación de los decanos para tratar de todas las cuestiones informativas y de coordinación que sean necesarias. Así como el compromiso de mantener reuniones posteriores para hacer un seguimiento conjunto de la marcha de las reivindicaciones.

           9º) Dejar abierta la posibilidad de convocar otras medidas de presión y protesta en función del resultado que ofrezcan las negociaciones.

                       Presentaremos la convocatoria de huelga ante el CGPJ y el Ministerio de Justicia el viernes 6 de febrero, y al ser de ámbito nacional y tratarse de un derecho fundamental de naturaleza individual, podrán ejercitar el derecho de huelga todos los jueces y magistrados del país, excepto los que resulten afectados por los servicios mínimos que puedan establecerse, con total independencia de que se hubiere o no convocado además en sus respectivos territorios por las juntas y asambleas locales, provinciales o autonómicas.

                                   Nos encontramos ante un momento que va a marcar un antes y un después en la carrera judicial y sólo de nosotros depende que los responsables políticos comprendan la imperiosa necesidad de abordar definitivamente las reformas e inversiones que la administración de justicia necesita. Pedimos a todos los jueces y magistrados su máxima participación en la huelga el 18 de febrero y en las demás medidas que os hemos anunciado.

           Madrid a 4 de febrero de 2009.

          

           COMUNICACIÓN DE CONVOCATORIA DE HUELGA EN LA CARRERA JUDICIAL EL 18 FEBRERO DE 2009.

Al Consejo General del Poder Judicial:

           D. Marcelino Sexmero Iglesias, DNI 07.844.417Z, en representación de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), con domicilio a estos efectos en la calle Villanueva 16, 3º A, CP 28001 de Madrid, y D. Benito Raboso del Amo, DNI 5.371.547-N, en representación de la asociación judicial Foro Judicial Independiente (FJI) con domicilio a estos efectos en la calle López de Hoyos 153,1º G, conforme a lo acordado por los órganos de dirección de ambas asociaciones en sus respectivas reuniones de 30 de enero de 2009, EXPONEMOS:

           Que mediante el presente escrito comunicamos a dichos organismos que las dos asociaciones judiciales hemos decidido convocar conjuntamente huelga en la Carrera Judicial desde las 00.00 horas hasta las 24.00 horas del día 18 de febrero de 2009.

           Esta decisión se ampara en el ejercicio del derecho fundamental de huelga que contempla el art. 28.2º de la Constitución, del que también somos titulares los Jueces y Magistrados, y la presente comunicación se realiza a los efectos previstos en los arts.3.3º y 4º del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo.

           El ámbito funcional de esta convocatoria de huelga se extiende a todos los Jueces y Magistrados del territorio nacional, a los que afectan por igual las reivindicaciones que constituyen objeto de la misma.

           La legitimación de las asociaciones judiciales para convocar huelga en este ámbito resulta de los dispuesto en el art.127 de la Constitución, que reconoce el derecho de libre asociación profesional de jueces y magistrados; art. 401.2º de la LOPJ que incluye entre los fines de las asociaciones judiciales la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos sus aspectos y la realización de actividades encaminadas al servicio de la Justicia en general; y STC 11/1981, de 8 de abril, de la que se desprende la legitimación de las organizaciones profesionales para convocar huelga en el ámbito territorial y funcional que le es propio.

            

            

           OBJETIVOS DE LA HUELGA. MOTIVOS DE SU CONVOCATORIA:

           De todos son conocidas las graves carencias de medios materiales y personales que sufre la Administración de Justicia.

           Los jueces y magistrados individualmente y a través de todas las asociaciones judiciales, hemos venido reclamando a los poderes públicos, de manera reiterada y desde hace ya muchos años, que se realicen las inversiones que sean necesarias en medios humanos y materiales para la definitiva modernización de la administración de justicia que permita ofrecer a los ciudadanos una justicia moderna y de calidad como la sociedad española en estos momentos necesita.

     Ante la falta de respuesta efectiva a estas demandas, y en la obligación de cumplir con la responsabilidad que como asociaciones judiciales nos corresponde, nos vemos abocados a convocar la presente huelga para exigir las siguientes reivindicaciones:

     1º.- Efectiva y urgente instauración de la nueva oficina judicial, con delimitación precisa de las funciones y las responsabilidades dentro del ámbito de la Administración de Justicia.

     2º.- Inmediata modificación del proyecto de ley que regula la nueva oficina judicial en el sentido de conservar la competencia exclusiva de los Jueces y Magistrados para señalar los juicios y vistas, como medio para garantizar su efectiva independencia a la hora de desarrollar la función que tienen encomendada

     3º- Plena incorporación a los Juzgados de las nuevas tecnologías: intercomunicación de las bases de datos judiciales, urgente solución de la interconexión informática entre Juzgados de distintas Comunidades, que actualmente son incompatibles, establecimiento de un sistema de alerta en materias especialmente sensibles, digitalización documental, información compartida entre los tribunales, registro informático común, gestión procesal, intercambio de documentos, firma electrónica, transmisión telemática de procedimientos, notificaciones, peticiones de auxilio judicial, etc.

     4º- Incremento en un plazo de cinco años de la inversión en la Administración de Justicia de acuerdo con la media europea, pasando del 1 % al 3 % del PIB de media en la UE

     5º.- Asegurar la cobertura de las vacantes de duración superior a 6 meses que se produzcan entre funcionarios adscritos a la administración de justicia mediante personal titular, y la cobertura de todas las vacantes de duración superior a 15 días e inferior a 6 meses mediante personal interino que previamente haya recibido formación específica en materia de funcionamiento de la Administración de Justicia.

     6º- Revisión en profundidad de la actual planta judicial. Partiendo del nuevo sistema diseñado por el CGPJ debe revisarse en profundidad la actual planta judicial, dirigida a la creación y/o supresión de cuantos órganos judiciales fueren precisos a fin de llevar a cabo una distribución realmente equitativa del trabajo y acomodar la planta judicial a la carga real de trabajo de cada partido en función de la entrada de asuntos.

     7º.- Incremento de las plazas judiciales mediante la convocatoria de 250 plazas judiciales anuales durante un periodo de 5 años a través de los sistemas de ingreso en la carrera judicial actualmente existentes

     El éxito de esta medida se complementaría con la radical reforma de la oficina judicial, que no supone necesariamente incrementar el número de órganos judiciales, sino tan solo el número de jueces en cada demarcación, con el mismo número de funcionarios, a través de una organización correcta, buenos servicios comunes y medios informáticos adecuados.

     8º.- Sustituciones: Arbitrar un sistema adecuado y eficaz de sustituciones judiciales mediante jueces titulares.

     9º - Medidas necesarias para asegurar una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar: inmediata supresión del traslado forzoso por ascenso, supresión de las limitaciones que actualmente padecen las personas en situación de excedencia voluntaria por cuidado de hijos o familiares dependientes, introducción de la reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares dependientes; elaboración del plan de prevención de riesgos laborales y contingencias profesionales; y mejora de las condiciones de jubilación.

     10º- Cumplimiento de las previsiones de la ley de retribuciones, sin perjuicio de que en la situación económica actual su materialización se desarrolle cuando la superación de la crisis lo permita.

           GESTIONES REALIZADAS PARA RESOLVER LAS DIFERENCIAS.

           Son innumerables los informes y documentos que desde todas las asociaciones judiciales hemos presentado con tales reclamaciones al Ministerio de Justicia y demás organismos públicos competentes en estas materias, e incontables las numerosas reuniones que hemos mantenido a tal efecto y al objeto de conseguir las reivindicaciones que motivan la convocatoria de esta huelga.

           Baste citar, por tratarse de actuaciones conjuntas, las muchas reuniones que hemos mantenido las asociaciones judiciales con el Ministerio de Justicia desde principios del año 2006 tras la constitución de la CIP (Comisión Interasociativa Permanente), las últimas de ellas los pasados 4 de diciembre de 2008 y 26 de enero de 2009.

           Pese a tales gestiones ha resultado del todo imposible hasta la fecha conseguir el cumplimiento por parte del Ministerio de Justicia de estas legítimas reclamaciones.

           SERVICIOS MÍNIMOS.-